Primer pacto europeo para perseguir el tráfico de órganos como delito
El tratado, con 14
países firmantes, pone el foco en intermediarios y sanitarios
España se
compromete a cambiar el Código Penal
Carlos Romeo-Casabona, uno de los
redactores del tratado. / OSCAR CORRAL
El tráfico internacional de órganos ha pasado de
ser una leyenda urbana para las autoridades europeas a convertirse en una negra
realidad merecedora de penas de cárcel. Catorce países del continente, entre
ellos España, firmaron ayer en Santiago de Compostela el primer tratado
internacional para tipificar esta práctica como delito, un convenio que
pretende derribar barreras burocráticas para su persecución internacional y que
pone bajo el foco de la justicia a los intermediarios en la compraventa, al
personal sanitario que participa en los trasplantes e incluso a los receptores
de los órganos, sobre todo cuando no se trata de una cuestión de vida o muerte.
Entre los firmantes del Convenio contra el Tráfico de Órganos del Consejo de
Europa a los que este puede traer más cambios están Albania y Moldavia, dos
Estados en los que hay “constancia” de casos de ciudadanos que donan sus
órganos a cambio de dinero a enfermos de otros territorios, explican los
redactores del documento, que ha precisado dos años de negociaciones.
“Siempre ha habido sospechas pero ahora ya se
empiezan a ver en Asia fotos de personas que enseñan sus cicatrices”, explica
Carlos Romeo-Casabona, representante del Gobierno español en el comité de
redacción del tratado. “Ya hay certeza de que el tráfico de órganos es una
realidad y este convenio es un golpe encima de la mesa para decir que esto se
acabó”. En España, explica el también catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Deusto, la reforma del Código Penal a la que compromete el convenio
permitirá actuar contra los nacionales que en el futuro compren órganos en el
extranjero, aunque en estos territorios sea legal. Fue lo que hizo Óscar Garay,
quien en 2010 relató en EL PAÍS su viaje a China para hacerse con un hígado a
cambio de 130.000 euros, pues en España no cumplía los requisitos para entrar
siquiera en la lista de espera.
Para Romeo-Casabona, donante y receptor son
víctimas del negocio de los trasplantes clandestinos que la Organización
Mundial de la Salud cifra en 10.000 al año, aunque plantea excepciones. Quien
vende un órgano por necesidades económicas no debe ser perseguido, señala, ni
tampoco el comprador al que le quedan tres semanas de vida: “Otra cosa es que
se mate a una persona para salvar a otra o que el receptor tenga que esperar un
año por un riñón [por la vía legal] y no quiera”.
Pocos son ahora los países del mundo en los que la
compraventa de órganos vitales es delito. El convenio promovido por el Consejo
de Europa, a cuya firma asistieron ayer los ministros españoles de Justicia y
Sanidad —Rafael Catalá y Alfonso Alonso—, considera ilegal la extracción de
órganos “sin el consentimiento libre, informado y específico del donante” o
cuando se ofrece un “beneficio económico o una ventaja comparable” a esa
persona o a un tercero. Y tipifica también como delito el “uso” de esos
órganos, su “implantación”, su traslado, su preparación, su almacenamiento y el
simple “ofrecimiento” del dinero. Las personas jurídicas también serán
responsables y se perseguirá incluso la “complicidad” y la “tentativa”. Países
como Rusia, Armenia y Kosovo en los que se han acreditado extracciones
clandestinas aún no se han adherido.
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